CARTA ABIERTA DE LA ARMHJ
Hemos de asumir que estamos abocados a explicar a menudo nuestro proyecto para la recuperación de la memoria histórica. Es comprensible si tenemos en cuenta que el movimiento nació el año 2000, y concretamente el de Jaén hace apenas unos meses. No nos cansaremos de insistir en romper ese tópico de que somos una panda de rojos que busca revancha por lo que hizo el bando ganador en la guerra civil española. No es eso.
Es desolador que después de 65 años de acabada la contienda aún haya ciudadanos y ciudadanas que siguen pidiendo silencio y olvido sobre un período histórico que tanto ha condicionado la vida de quienes vivimos en esta sociedad. Hay que explicar una vez más que en 1936 hubo un golpe militar contra la II República, una posterior guerra civil, y una dictadura que forjó sus cimientos en una represión atroz que padecieron millones de españoles. De verdad que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén no es cuestión de nacionales frente a republicanos o rojos frente a fascistas, sino una cuestión de derechos humanos.
Naciones Unidas aprobó en asamblea general en 1992 una resolución que en su artículo 1 dice: “Todo acto de desaparición forzada constituye un ultraje a la dignidad humana. Es condenado como una negación de los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y como una violación grave manifiesta de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (…) Todo acto de desaparición forzada sustrae a la victima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia”. En su artículo 13, esta misma resolución de la ONU establece que “Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente o independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación (…). Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna”.
Esto que la mayoría de los españoles entienden legítimo cuando Garzón se interesa por los 12.000 desaparecidos del régimen de Pinochet, parece no entenderse cuando se habla de los 30.000 desaparecidos del régimen de Franco. En agosto de 2002 se presentó en el grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición forzosa un texto, a iniciativa de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, en el que se dice que “en España hay más de 30.000 personas que permanecen en fosas comunes, sin sus derechos a mantener una identidad tras la muerte, a que sus restos reposen en una sepultura digna y a que sus familiares puedan recordarlos en paz y llorarlos (…).
Se trata de una labor humanitaria, de permitir a las víctimas recuperar la dignidad que perdieron durante la dictadura”.
¿Por qué va a ser remover viejos fantasmas que los familiares de las víctimas decidan saber dónde están los restos de sus padres, hermanos, abuelos o tíos… saber qué les ocurrió y porqué desaparecieron? Hubo miles de fusilados, sin juicio previo o con farsas de juicios sumarísimos, enterramientos de personas en fosas comunes sin informar a familiares y negándoles el derecho a ver y velar sus cuerpos. Hubo miles de prisioneros en campos de concentración que no estaban en Alemania o Austria, sino en sitios tan cercanos como por ejemplo Higuera de Calatrava; hubo miles de condenados a trabajos forzados, hubo miles de presos políticos hacinados en cárceles por el delito de pensar distinto, hubo, en definitiva, circunstancias muy duras y dolorosas que, algunos queremos conocer. Déjennos que lo hagamos.
Juan Armenteros Rubio
Presidente ARMHJ |
